Un apagón sin precedentes ha sumido a Chile en una crisis energética de proporciones históricas, afectando al 80% de los usuarios desde Arica hasta Los Lagos, en una extensión de 2.400 kilómetros. Aproximadamente ocho millones de hogares chilenos han sufrido este corte masivo, que incluso se ha extendido a dos provincias del oeste argentino. El gobierno de Gabriel Boric ha debido decretar estado de excepción por catástrofe y toque de queda ante la gravedad de la situación.
Consecuencias inmediatas
El impacto del apagón, iniciado el martes a las 15:16 horas, ha generado una crisis que afecta a todo el territorio nacional:
En la Región Metropolitana y otras ciudades principales:
- Caos vial generalizado: esquinas sin semáforos, accidentes de tránsito y ambulancias atrapadas en atascos
- Paralización completa del Metro de Santiago, sobrecargando el sistema de buses
- Cierre de bancos, comercios y centros comerciales
- Gasolineras inoperativas con las puertas cerradas
- Calles vacías durante la noche, evocando los momentos más críticos de la pandemia
A nivel nacional
- Interrupción de la conectividad a internet y servicios de telecomunicaciones en todo el país
- Cambios en los horarios de vuelos, aunque los aeropuertos han seguido operando
- Suspensión de la tercera jornada del Festival Internacional de Viña del Mar
- Despliegue de 3.000 militares para mantener el orden y la seguridad pública
- Posible continuación de la paralización del Metro de Santiago para el miércoles
- Zonas del país que aún no recuperan el servicio después de más de seis horas de apagón
Marco legal y regulatorio
El suministro eléctrico en Chile está regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos, que establece obligaciones claras para las empresas distribuidoras. Estas compañías tienen el deber legal de garantizar un servicio continuo y seguro, implementando medidas preventivas para evitar interrupciones y actuando con celeridad para restablecer el servicio en caso de fallos.
Rol de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)
La SEC, liderada por la superintendenta Marta Cabeza, ha iniciado las investigaciones para conocer las causas del corte. Sus facultades incluyen:
- Fiscalizar y supervisar a las empresas distribuidoras
- Investigar las causas del apagón masivo
- Imponer sanciones si se comprueba incumplimiento normativo
- Emitir instrucciones correctivas específicas
- Mantener informada a la población sobre las medidas adoptadas
- Coordinar con otras entidades gubernamentales la respuesta a la emergencia
Causas y responsabilidades
Según el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), la interrupción se produjo por una desconexión del sistema de transmisión de 500 kV en el Norte Chico. El presidente del consejo directivo del CEN, Juan Carlos Olmedo, señaló que la desconexión se debió a “una operación no deseada en el sistema de control y protección de la línea”.
A pesar de los cuatro intentos realizados para restablecer el servicio completamente, hasta la noche del martes solo se había recuperado un cuarto del servicio, con la proyección de llegar al 100% durante la madrugada. (El Pais)
Pronunciamiento presidencial
El presidente Gabriel Boric ha expresado su indignación ante la situación: “Lo ocurrido hoy nos indigna, porque no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos. Nos vamos a asegurar que los responsables de esta emergencia tengan que responder a la institucionalidad”.
Derechos de los consumidores
Los usuarios afectados tienen derechos claramente establecidos:
- Recibir un servicio eléctrico continuo y seguro
- Presentar reclamos ante la SEC por interrupciones prolongadas
- Buscar compensaciones en caso de negligencia comprobada
Posibles sanciones a las empresas responsables
En situaciones de incumplimiento grave, las autoridades pueden considerar:
- Multas económicas significativas
- Exigencia de medidas correctivas inmediatas
- En casos extremos, la revocación de licencias o concesiones
La revocación de licencias es una medida extrema que requiere un procedimiento legal formal y debe considerar la continuidad del suministro para no agravar más la situación.
Conclusión
Este apagón masivo ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del sistema eléctrico chileno y la gravedad de las consecuencias cuando fallan los mecanismos de prevención y respuesta. Las autoridades han calificado la situación como “inadmisible” y han prometido investigar a fondo para determinar responsabilidades.
Aunque los cortes eléctricos pueden ocurrir por diversas causas, las empresas distribuidoras tienen la obligación legal de minimizar estos eventos y responder adecuadamente cuando ocurren. La actual crisis requiere una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y asegurar que se implementen medidas que prevengan futuros incidentes similares, protegiendo así los derechos de los consumidores chilenos.